Ministerio de Hacienda expuso medidas de justicia y equidad tributaria propuestas en el Pacto Fiscal

La subsecretaria Heidi Berner expuso las medidas que apuntan a garantizar la justicia y equidad tributaria en el Pacto Fiscal durante un seminario organizado por el Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Ministerio de Hacienda. La apertura de esta actividad estuvo a cargo del decano Pablo Ruiz-Tagle, quien destacó que hablar de un pacto que aúne voluntades es una buena señal, aunque todavía no esté cerrado, porque pensar que esta es una materia que requiere de una conversación amplia para conciliar distintos intereses habla bien del proceso democrático del país.

La subsecretaria partió explicando que las motivaciones para plantear hoy un Pacto Fiscal surgen de la necesidad de responder a demandas sociales, en un contexto de menor crecimiento de los ingresos fiscales y aumento de los gastos, sin abandonar la responsabilidad fiscal que ha caracterizado al país: "Tenemos necesidades de financiamiento que van más allá de lo que se puede cubrir con el presupuesto, considerando los ingresos estructurales. Pero no basta con abordar los temas propiamente tributarios, sino que se requiere de una serie de iniciativas que permitan incentivar el crecimiento e inversión, además de mayor transparencia, eficiencia y calidad al gasto público. Y por supuesto, también mejorar la justicia tributaria, lo que requerirá de medidas que permitan una mejor fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Pacto Fiscal que se propone, también incorpora un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación, que permita conocer si se han alcanzado los efectos e impactos deseados".

Luego detalló las medidas más importantes que se proponen en materia de equidad y justicia tributaria:

• Modificar la Norma General Antielusión (NGA) para que su aplicación sea administrativa previa intervención de un consejo asesor externo que permita declarar la existencia de abuso o simulación. El contribuyente mantendrá la posibilidad de cuestionar la decisión de la administración en los tribunales tributarios y aduaneros.
• Mejorar las normas especiales antielusivas en materia de tributación internacional, como sobre el control de rentas pasivas, precios de transferencia y regulación de paraísos tributarios.
• Actualizar la norma sobre tasación y reorganizaciones empresariales con un mayor foco en la claridad de las reglas; certeza de su rango de aplicación y alcance, en especial sobre reorganizaciones nacionales y extranjeras.
• Perfeccionar las normas sobre delito tributario para incorporar figuras como el comercio digital y actualizar normas a partir de las nuevas formas de configuración de delitos, por ejemplo, respecto de quienes entregan y/u obtienen un beneficio de declaraciones de inicio de actividades con información falsa.
• Actualizar normas de procedimientos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, a fin de crear mayores instancias para llegar a acuerdos y dar mejores garantías al contribuyente en procedimientos especiales, como cuando se persigue la aplicación de la sanción pecuniaria en materia de delitos.

Por su parte, el co-coordinador Tributario del Ministerio de Hacienda, Diego Riquelme, ahondó en la necesidad de armonizar el tratamiento de la norma general antielusiva con las normas especiales antielusivas, para evitar que puedan generarse espacios para la planificación tributaria. Riquelme presentó un ejemplo en el que tres empresas no relacionadas de forma legal, pero sí familiar, realizaban operaciones sucesivas cuyo objeto final era una transferencia de patrimonio en vida, justamente el tipo de operaciones en las cuales existe una falta de claridad sobre cuál o cuáles reglas deben aplicarse y las consecuencias jurídicas que se generan y es donde hoy se abren espacios para vulnerar las normas.

En ese sentido, sostuvo que “es necesario avanzar justamente en este sentido. Primero que la norma general antielusiva debe ser capaz de operar ahí, cuando se busca artificialmente evitar una norma especial antielusión, y también cuando en un conjunto de actos, incluso cuando respecto de alguno de ellos aplicó una norma especial, yo debo poder aplicar la norma general antielusiva para de esta forma develar cuál era la real intención de una planificación cuestión que es imposible si se miran los hechos de forma aislada”.

La subsecretaria recordó que el ministro Mario Marcel anunció un cronograma de implementación del Pacto Fiscal que contempla para agosto y septiembre seguir convocando a actores económicos, sociales y políticos “para construir el Pacto Fiscal sobre la base de las propuestas que estamos entregando y las que nazcan de esta discusión. En el intertanto, se han convocado a expertos para hacer las estimaciones del espacio fiscal que se genera del crecimiento y de aumentos de eficiencia del gasto público; quienes entregaran sus estimaciones en 45 días, mientras avanzaremos en elaborar el proyecto con las medidas de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y ordenaremos las iniciativas procrecimiento y de reformas del Estado en proyectos de ley que sean priorizados por los distintos actores. Tenemos propuestas para mejorar las normativas de uso del borde costero, del Consejo de Monumentos Nacionales y del Sistema de Evaluación Ambiental, por mencionar tres que recurrentemente han salido en distintas conversaciones. En términos de mejoras al funcionamiento del Estado, estamos trabajando en dar rango legal al Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, como también en crear una Agencia de Evaluación y Calidad de Políticas Públicas que tome todo lo que hoy en existe en los ministerios de Desarrollo Social, Hacienda y en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, entre otras medidas".
En la segunda fase (octubre-diciembre) se conformará una comisión para la implementación, “pues es de esperar que hayamos alcanzado acuerdo en cuáles son los proyectos prioritarios en términos de crecimiento y reformas al Estado, además de poder enviar y comenzar la tramitación del proyecto de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y otros priorizados; junto con preparar el proyecto de reforma del Impuesto a la Renta”. En la última fase (marzo-mayo) se proyecta ingresar al Congreso la reforma del Impuesto a la Renta, junto con terminar de tramitar los proyectos priorizados de materias procrecimiento y reformas al Estado.

Programa del seminario

El profesor de la Universidad de Chile Simón Accorsi expuso el tema de tributación y desarrollo. En el segundo bloque un panel integrado por Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Cepal; Hermann González, académico de la Universidad de Chile; Michel Jorrat, exdirector del Servicio de Impuestos Internos; y Pilar González, profesora de Derecho Tributario de misma casa de estudios moderó el análisis sobre la cuantificación de la evasión y la elusión en América Latina. En el bloque final Patricia Toledo, de la Universidad Austral; Eduardo Morales, profesor de la Universidad de Chile y abogado integrante de la Corte Suprema; Ximena Niño, del Instituto Chileno de Derechos Tributarios; Diego Riquelme, co-coordinador de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda; y Sebastián Guerrero, del Instituto Libertad, abordaron las medidas contra la evasión y la elusión que debiese considerar un pacto fiscal.