Pacto Fiscal: Hacienda entregó el detalle de necesidades y prioridades de gasto solicitado por representantes de los partidos políticos

En una nueva reunión, realizada este lunes,  para analizar los contenidos del Pacto Fiscal para el Desarrollo con representantes de los partidos políticos la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, entregó más detalles sobre las Necesidades y Prioridades de Gasto, en respuesta a planteamientos realizados en encuentros anteriores.

En su intervención Berner reiteró que “el Pacto Fiscal se funda en la existencia de un conjunto de necesidades ciudadanas urgentes cuyas soluciones involucran recursos de una magnitud tal que no pueden abordarse dentro del proceso presupuestario anual en plazos razonables”. Por ello, las necesidades de gasto se estructuraron en propuestas de intervención pública factibles de implementar en un plazo máximo de seis años y en total involucran recursos por US$ 8.000 millones anuales en régimen, equivalentes a 2,7% del PIB.

Respecto del aumento de las pensiones actuales y futuras, prioridad impostergable para la ciudadanía, se estima un mayor gasto fiscal equivalente a 1,2% del PIB, que se alcanzará mediante una implementación gradual en seis años. En parte se logrará con el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, lo que elevará la tasa de reemplazo mediana desde 54% a 66% y su cobertura se incrementará en 166.000 personas a 2030. Actualmente se pagan 2.114.000 PGU y APS de vejez. Otras variables incluidas en el costo fiscal corresponden al aumento en 6% de la tasa de cotización con cargo al Estado como empleador, y a la reducción de la recaudación del impuesto a las utilidades corporativas producto del aumento del gasto en cotizaciones de los empleadores del sector privado.

Por otra parte, se propone elevar en 0,9% del PIB el gasto en salud para responder a tres prioridades: reducción de los tiempos de espera hospitalarios; fortalecimiento del Programa de Universalización de la Atención Primaria, especialmente a través de su ampliación a todas las comunas del país; y el robustecimiento de las atenciones en salud mental con la construcción de 30 Centros Comunitarios de Salud Mental, inversión en detección precoz y en reducción de los tiempos de espera para la infancia vulnerada. Además, se elevará la inversión en formación de especialistas, uno de los desafíos más relevantes para fortalecer tanto a nivel privado como público estas prestaciones.

Para fortalecer la seguridad pública se propone destinar 0,3% del PIB a prevención del delito, combate al crimen organizado y el funcionamiento eficaz de la administración de justicia, a través de tres ejes de acción: fortalecimiento institucional, inversión tecnológica y carcelaria y Estado preventivo.

En Protección Social el gasto se elevará en 0,3% del PIB para implementar un Sistema Nacional de Cuidados y el proyecto Sala Cuna para Chile, financiado con aportes de empleadores y aportes fiscales para el acceso universal de niños, niñas, padres y madres a la sala cuna

Finalmente, la subsecretaria planteó que, si bien la educación es clave para la adquisición de competencias necesarias que elevan la productividad del país, hoy la discusión no debe centrarse en mayor necesidad de recursos, como sucede en las otras áreas, sino en perfeccionar las políticas implementadas en los últimos años a fin de mejorar la calidad, con foco en la educación técnica. Detalló que el gasto público en educación en Chile representa 4,2% del PIB y 16% del gasto público total versus 10% de los países de la OCDE.

Tasa de Desarrollo

También se invitó al profesor de Finanzas de la Escuela de Negocios de la UAI Rodrigo Wagner, PhD de la Universidad de Harvard, para que ahondara en el diseño de la Tasa de Desarrollo, incentivo tributario propuesto para promover la inversión en investigación, desarrollo e innovación, capacitación laboral, certificación de procesos, patentamiento y adquisición de equipos tecnológicos especializados.

El diálogo se centró en buscar el diseño más eficiente para promover la inversión en bienes de capital e investigación y desarrollo apropiable por las compañías, como en aquella inversión en investigación y desarrollo para generar un bien público. El objetivo es buscar los mecanismos colaborativos en el ecosistema de empresas de cada industria.

Asistentes 

Por Revolución Democrática, Rocío Fondón, asesora parlamentaria
Por Convergencia Social, Mauricio Pardo, asesor parlamentario
Por FREVS, Sebastian León, asesor parlamentario
Por el Partido Comunista, Elías Mella, asesor parlamentario
Por Acción Humanista, Jordán Gajardo, asesor
Por el PPD, el asesor Álvaro García y Reinaldo Monardes, asesor parlamentario
Por la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo y los asesores Julio Valladares y Alfredo Ugarte
Por el Partido Demócratas, la diputada Joanna Pérez y el asesor Fuad Chahín,
Por Amarillos, el asesor René Cortázar
Por Evopoli, Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal
Por Renovación Nacional, Daniel Muñoz, asesor parlamentario
Por la UDI, Barbara Bayolo, asesora parlamentaria, y Carolina Fuensalida, asesora tributaria