Pacto por el Crecimiento Económico: Gobierno presenta Proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias

Este martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer los detalles del Proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, enmarcado en las iniciativas del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. El texto será ingresado antes del receso legislativo al Congreso Nacional.

Este proyecto de ley busca recaudar 1,5% del PIB a través de 7 ejes temáticos: i) Modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros; ii) Control de la informalidad; iii) Delitos tributarios; iv) Planificación tributaria agresiva; v) Nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente; vi) Regularización de obligaciones tributarias; vii) Fortalecimiento institucional y probidad.

Con los recursos que provengan de esta iniciativa, se podrá financiar más de la mitad de los compromisos establecidos en el Pacto, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, incrementar el financiamiento para seguridad pública, reducir los tiempos de espera en salud y desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados.

Este proyecto, además, se complementa con los de Inteligencia Económica y el de Registro de Beneficiarios Finales, contribuyendo al combate contra el crimen organizado, el comercio informal, a fomentar la libre competencia y fortalecer el principio de igualdad ante la ley. 

El ministro recalcó el trabajo que ha requerido este proyecto durante un año y por lo mismo espera celeridad en su tramitación: “Cada día que pasa, que se demora en adoptar estas medidas, son decenas, cientos o millones de dólares que se pierden a través de fraudes tributarios, y nosotros no estamos dispuestos a darle más tiempo a quienes evaden o abusan del sistema tributario”.

El centro de este proyecto no implica un aumento de la carga tributaria de los contribuyentes, sino más bien que se cumplan las normas tributarias vigentes. La comisión de delitos tributarios impacta directamente en los ingresos fiscales. Por lo mismo, los delitos tributarios deben ser combatidos con la misma fuerza que se persiguen otros delitos asociados al fraude al fisco pues no sólo dañan la fe pública sino también impiden el financiamiento de políticas sociales que van en beneficio de sectores mayoritarios en el país.

Cabe recalcar que un contribuyente no verá incrementada su carga por el solo hecho de que la administración tributaria persiga de forma más eficiente los delitos tributarios y la planificación tributaria agresiva, u otros comportamientos ilícitos que deben ser combatidos.

Entre estos comportamientos figuran la planificación tributaria agresiva que genera externalidades negativas en la economía, al incorporar figuras o estructuras societarias completamente innecesarias a fines económicos o alterando decisiones de negocios de forma artificial con el único objeto de obtener beneficios tributarios. De esta forma los comportamientos elusivos terminan por desviar recursos que podrían estar destinados a la mejora de procesos productivos o a un aumento de la productividad. La opacidad propia de este tipo de planificación impacta negativamente en el sistema económico y también afecta la moral tributaria pues genera una sensación que cierto tipo de contribuyentes tienen la capacidad de decidir cuándo, cuanto y cómo pagan sus impuestos, eludiendo la obligatoriedad de estos.

Asimismo, este texto busca reducir las brechas que se producen por omisión o subdeclaración, que pueden realizarse por desconocimiento de normas y regulaciones sin intención fraudulenta; y las de evasión, que son un incumplimiento consciente y doloso de la ley con el objetivo de pagar menos impuestos.

“Tenemos acá un espectro amplio de causas de la brecha de cumplimiento tributario y, por lo tanto, si queremos reducir esa brecha tenemos que ser capaces de actuar en estos tres niveles. Así como debemos tener mano dura para combatir la evasión, debemos también tener la capacidad para educar e informar especialmente a los pequeños contribuyentes sobre sus obligaciones, de tal manera de que no caigan en incumplimiento no previsto. y que luego tengan que pagar en la forma de sanciones, multas, intereses, etcétera”, acotó Marcel.

Contenido del Proyecto

El proyecto en total tiene 7 ejes, con más de 30 medidas, y será ingresado a tramitación la próxima semana.

En el eje de Modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, apunta a que las administraciones tributarias avancen de forma periódica en procesos de modernización que permita el mejor uso de las tecnologías disponibles en el ejercicio de sus procedimientos de fiscalización. Así, destacan medidas como la modificación para el levantamiento del secreto bancario o la notificación por correo electrónico en las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), Tesorería General de la República (TGR), Servicio Nacional de Aduanas y Tribunales Tributarios y Aduaneros, como regla general.

Respecto del control de la informalidad, que genera un enorme daño a la recaudación fiscal, la iniciativa se enfoca en el combate de esta práctica a gran escala vinculada al crimen organizado. Para ello se impulsarán medidas como modificar el delito que sanciona el comercio clandestino u obligar a bancos e instituciones financieras a alertar cuando un contribuyente reciba más de 50 transacciones de distintas cuentas en un mes.

En cuanto a delitos tributarios, se resalta la importancia de la moral tributaria de la población en el sentido que los contribuyentes que en su enorme mayoría cumplen con sus obligaciones tributarias mantengan dicho comportamiento al darse cuenta de que la administración tributaria persigue a quienes cometen delitos.  Para lograr una efectiva persecución, se creará la colaboración sustancial para desbaratar estructuras delictivas tributarias, se incorporará el denunciante anónimo a partir del éxito en otras jurisdicciones y se incrementarán sanciones a quienes faciliten o utilicen documentos tributarios falsos, entre otras medidas.

Respecto de la planificación tributaria agresiva, el proyecto refuerza que los contribuyentes no pueden alterar de forma ilegítima su carga tributaria, con esquemas diseñados para evitar o aminorar sus obligaciones tributarias o trasladar los beneficios hacia territorios con menor tributación. Por ello, se mejorará la norma general anti elusiva permitiendo una mejor aplicación e interacción con las normas especiales antielusión, se actualizarán las normas de control en materia de tributación internacional y se modernizará aquella que regula la tasación del SII y las reorganizaciones empresariales, entre las medidas más destacadas.

A la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) se le entregarán nuevas facultades para realizar acompañamiento a los contribuyentes y además educar sobre cumplimiento de obligaciones tributarias. Además, se incluye dentro de su rango de acción representar a los contribuyentes ante Tesorería o Aduanas; y el acceso a información tributaria para cumplir sus funciones.

El sexto eje de regularización de obligaciones tributarias tiene como fin que los contribuyentes puedan saldar sus deudas tributarias, para lo que se modificará el cálculo de la tasa de interés y se flexibilizarán las condiciones para la suscripción de convenios de pago. También se proponen tres medidas transitorias: repatriar capitales, término anticipado a juicios previo pago de deuda y la posibilidad de acceder a convenios de pago con condonación de intereses y multas.

Finalmente, el texto indica que el fortalecimiento institucional y la probidad tienen un impacto directo en la recaudación tributaria, pues los recursos destinados a esta materia terminan generando un mayor incremento en la recaudación fiscal. Para ello se fortalecerá la administración tributaria, se incorporan normas sobre movilidad y retención del personal de Aduanas, Tesorería, SII y Defensoría del Contribuyente, y se exigirá a los funcionarios encargados someterse a un alto grado de probidad.

“Quiero enfatizar que la lógica de este proyecto no es simplemente endurecer sanciones, sino que, por un lado, entregar recursos y capacidades a los organismos fiscalizadores para poder fiscalizar mejor; y, por otro lado, también generar mecanismos de apoyo a los contribuyentes para que conozcan mejor sus obligaciones, puedan cumplir con ellas y se puedan poner al día cuando están en una situación de incumplimiento”, finalizó el ministro Marcel.